Exigen al gobierno retirarse de juicios contra 2.500 presos políticos de la revuelta social

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El 3 de julio fue entregada la siguiente carta dirigida al gobierno del presidente Sebastian Piñera en la embajada de Chile en París. Fue entregada por Mireille Fanon Mendès, experta de Naciones Unidas y observadora internacional en los juicios de Cañete en 2010, Alejandro Salinas en representación de la Asociación de ex presos políticos chilenos-Francia, y Julio Laks en representación del Colectivo de apadrinamiento de los presos políticos de la revuelta social chilena

París, 3 de julio de 2020

“Nos preocupa profundamente la situación de miles de manifestantes que han sido encarcelados desde el llamado  “estallido social” de octubre del 2019. Este movimiento popular que se alzó contra la extrema injusticia y desigualdad del sistema social y económico heredado de la dictadura de Pinochet nos ha llenado de admiración por este pueblo que tanto ha sufrido.

Pero nos ha consternado ver que la respuesta del gobierno consistió en una represión brutal: decenas de muertos, cientos de personas que perdieron uno o sus dos ojos, miles de heridos, torturas, violaciones.

Los responsables de estos crímenes, denunciados por varias organizaciones humanitarias internacionales como una práctica sistemática y deliberada, permanecen impunes. Paralelamente, el 9 de abril la Corte de Apelaciones decidió absolver a seis condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y rebajar las sentencias de otros once agentes de la DINA de Pinochet, violando las convenciones internacionales de las que Chile es signatario.

Esto contrasta dramáticamente con el encarcelamiento de alrededor de 2.500 manifestantes, en su mayoría jóvenes trabajadores y estudiantes, mantenidos en prisión preventiva prolongada indebidamente, amenazados con condenas desmesuradas, sometidos a condiciones carcelarias deplorables y expuestos a la contaminación por el Coronavirus.

El Estado impone al poder judicial el uso abusivo contra ellos de instrumentos jurídicos -como la Ley de Seguridad Interior del Estado- que pueden dar lugar a condenas desproporcionadas, en flagrante contradicción con el Derecho Internacional. Las personas inculpadas son muy a menudo acusadas sin pruebas o por montajes policiales.

A modo de ejemplo, un caso que nos preocupa especialmente, ya que se trata de un menor de edad que será juzgado próximamente y para quien el Ministerio Público propone 10 años de prisión. Se trata del joven Benjamín Salazar Morales, de 16 años, acusado del incendio de una estación de metro que fue destruida, al igual que varias otras, a raíz del movimiento social desencadenado por el alza del ticket de metro.

Exigimos que el gobierno chileno garantice a Benjamín y a todos los demás imputados un juicio justo, retirándose inmediatamente como parte activa, permitiendo así que se aplique el derecho penal al margen de las leyes especiales y de la voluntad política destinada a paralizar por el miedo las legítimas protestas populares.

Esperamos también que el gobierno y el poder judicial chileno permitan que, en espera de los juicios, la prisión preventiva de los imputados se conmute por arresto domiciliario, en consideración del derecho a la presunción de inocencia. Esta medida también es necesaria para preservar la salud e incluso la vida de estos jóvenes, que se ven amenazados por la creciente pandemia en el país, sabiendo que las condiciones de la prisión no ofrecen ninguna garantía de protección.

Estamos dispuestos a movilizarnos para que estos jóvenes manifestantes puedan tener un juicio justo y obtengan los beneficios que correspondan, incluyendo su eventual liberación, teniendo en cuenta de que se trata de personas sin antecedentes penales.

Y por último, pedimos que, desde ya, dadas las condiciones particulares de la pandemia no se los mantenga más tiempo en prisión”.

Primeros firmantes

Collectif international de parrainage des prisonniers de la révolte chilienne, (Colectivo internacional de apadrinamiento de lxs prisionerxs de la revuelta chilena); Franck Gaudichaud, presidente de France-Amérique Latine (FAL) France Amérique Latine (FAL);
Sophie Thonon, abogada, presidenta de honor de FAL; Maria Claudia Cambi, presidenta de la Fundación Internacional de Derechos Humanos; Mireille Fanon Mendès-France, Experta de Naciones Unidas; Sol Zanetti, diputado de la Asamblea National de Québec; Andrés Fontecilla, diputado de la Asamblea National de Québec; François Tanguy, director del Théâtre du Radeau; Laurence Chable, actriz; Philippe Texier, magistrado, presidente del Tribunal Permanent des Peuples; Denis Vène, ex Embajador de Francia; Maguy Marin, coreógrafa; Joselo Schuap, Secretario De Estado a la Cultura, Misiones, Argentina; Patrice Voir, Consejero Regional Auvergne Rhône Alpes, Francia; Denis Langlin, Alcalde de Sergy, Francia; Alfonso Saura Sánchez, catedrático de filología francesa, Universidad de Murcia, España; Claude Mirandola, miembro del Observatorio Ciudadano de la actividad parlamentaria, Francia; Richard Moyon, miembro du Réseau Éducation sans Frontières (Red de Educación sin fronteras); Asamblea Permanente por los derechos humanos, Argentina (APDH); Federico Pagliero, abogado de la APDH; Movimiento Nacional Seamos Libres, Argentina; Sonia Fayman, presidenta de la Asociación de Amigos del Teatro de la Libertad de Jenin (ATL); Héctor Vásquez, président de la Asociación de ex-presos políticos chilenos en Francia; Asociación de ex-presos políticos chilenos en Francia (AEXP CHFR); Dominique Grange, cantautora, presidenta de honor de la Asociación de familias adoptivas de niños nacidos en Chile (AFAENAC); Tardi, dibujante; Martine Billard, ex diputada y vicepresidenta de las Amitiés France-Chili de la Asamblea Nacional, Francia; Sergio Coronado, diputado de la Asamblea Nacional, Francia; Jean-Claude Amara, co-fundador del DAL (Derecho a la Vivienda), vocero de « Droits Devants; Jean-Claude Amara, co-fundador de Droit su Logement (DAL), vocero de Droits Devant.

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