En 2020, a propósito de las entrevistas y solicitud de cartas que hice a familiares de presos de la revuelta social para incluir en mi libro -Dignidad Nuestra- les escuché hablar del Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Social, cuyos integrantes las acompañaban y apoyaban desde la distancia. Sobre la marcha de la investigación accedí e incluí una Carta Abierta que enviaron el 3 de julio de 2020 al presidente Sebastián Piñera, en la que exigen poner fin a la represión ejercida por el aparato policial, la libertad de los jóvenes presos políticos, cambiar las cautelares de prisión preventiva por arresto domiciliario, conmutar condenas por razones humanitarias y riesgos sanitarios en medio de la pandemia. En 2022, mientras visitaba Francia, siguiendo la idea de presentar mi libro en París, al igual como lo hice en Nimes (sur de Francia) les envié un mail. Pascale Cognet, francesa, una de sus integrantes, respondió de inmediato por lo que al cabo de un par de días me reuní con varios de ellos por videoconferencia, luego nos juntamos en un café y al mes siguiente presentamos la publicación en una de las salas del Centro de Filosofía, Epistemología y Política -Philépol de la Universidad París-Cité, ex Sorbonne– oportunidad en la que procedimos a entregarlo a la Biblioteca, junto al libro -Relatos desde “El Oasis” chileno. Madres de Presos Políticos de la revuelta social en Chile-, editado en conjunto con la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Politicxs (OFAPP). Al cierre de la actividad compartimos un café, éramos once. Recuerdo que se trataban de compañeros, que estaban al tanto de las noticias de Chile y al escuchar sus tallas y chilenismos que iban y venían, me parecía que no estábamos en París sino en Santiago. Y claro, no han perdido los vínculos con nuestro país, viven con el corazón puesto en Chile. Precisamente, ahí radica el motor que los impulsó a fundar un colectivo de chilenos y connacionales de países de Europa y de América del Norte para asumir como ahijados a jóvenes y adolescentes presos de la revuelta social.
París – diciembre 2019. Reunidos en una de sus tantas sesiones, los integrantes de la Asociación de ex Presos Políticos Chilenos (Aexppch-France) se preguntaron ¿Qué podemos hacer? frente a las informaciones compartidas por uno de sus integrantes, quien de paso en Chile había conversado con organizaciones de familiares de los presos políticos. Concretamente se refería a la represión desatada en Chile y absoluto desamparo de jóvenes y adolescentes encarcelados frente a un aparato judicial eminentemente clasista, jóvenes y adolescentes acusados de desordenes públicos, porte de bombas y/o incendios basadas en declaraciones de carabineros, lo que abría la puerta a montajes, uso de testigos protegidos y/o falsos y a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado que aumenta considerablemente las penas carcelarias a cinco, diez o más años. A todo ello se agregaba el hecho de no tener vínculos partidarios ni tampoco con organizaciones del mundo social. Impactados por esta realidad, después de recoger opiniones de amigos e integrantes de otras organizaciones surge el Collectif Parrainage des Prisonniers de la Révolte Sociale au Chili (Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Social). Su primera tarea fue tomar contacto con organizaciones de los familiares de los presos y de derechos humanos, entre ellas, Coordinadora 18 de Octubre; Coordinadora Anti-carcelaria Pampa Libre y la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta. Después de dialogar con los familiares y obtener su autorización, en febrero de 2020, salieron a las calles parisinas a denunciar la criminalización de la protesta social, intimidación a quienes se movilizaban contra el sistema político-económico, existencia de la prisión política en Chile y a exigir la libertad de los presos políticos y garantías de juicios justos. Sobre la marcha de este quehacer se incorporaron padrinos y madrinas chilenos y connacionales, residentes en Alemania, Suiza, Italia, España, Bélgica, Inglaterra, Canadá y EEUU, logrando apadrinar a un total de 80 jóvenes y adolescentes presos de la revuelta de Santiago, San Antonio, Curicó, Valdivia, Punta Arenas, Iquique y Antofagasta.
A partir de entonces, emitieron declaraciones, participaron en conversatorios, peñas virtuales y actividades solidarias con organizaciones de derechos humanos y de los familiares. También enviaron cartas al gobierno chileno (una de ellas con más de cinco mil firmas) y durante la pandemia denunciaron las restricciones de visitas, aislamientos, condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las cárceles y centros de detención para adolescentes. De manera paralela a este accionar se reunían entre ellos por videoconferencia y, a través del mismo medio, con los familiares para acompañarlos, escucharlos y explorar búsquedas de soluciones, información, apoyo legal, abarcando además roles de contención. A veces, dependiendo de los escenarios más álgidos, estas reuniones se extendían hasta dos y tres horas. Otra tarea asumida fue el rol de Observadores de Derechos Humanos, participando en audiencias públicas de juicios orales y audiencias generales. Salvador, padrino, residente en Italia, comenta al respecto que al aceptar la invitación de asumir a un ahijado recibió una carpeta que contenía su expediente legal que estudió detenidamente para hacerse parte de las fases públicas de los procedimientos judiciales con el fin de asegurar juicios justos y analizar en conjunto con los familiares estas tramitaciones para que entendieran su terminología legal y dimensión jurídica.
Pese a que una buena parte de los integrantes de este colectivo venía de la experiencia desplegada por los comités de solidaridad creados en diversos países durante el período de la dictadura militar, su accionar no estuvo exento de divergencias referidas a formas de toma de decisión, posicionamientos políticos y de organización interna, primando finalmente una modalidad de constituirse como un agrupamiento de gestión participativa y horizontal. Héctor Zavala, chileno, ex preso político del régimen militar, exiliado en París, editor del diario El Kahuin, explica que se coordinaron internamente en grupos de trabajo y a nivel individual, cada padrino y o madrina, conversaba con sus ahijados y sus familiares y entre ellos compartían requerimientos y necesidades específicas. Esta experiencia les permitió constatar que el 99 por ciento de sus ahijados formaban parte de familias altamente vulnerables, familias a cargo de una jefa de hogar que trabaja en empleos informales, al igual que sus hijos que estudian y trabajan, incluso niños y adolescentes. Pascale Cognet, madrina francesa, residente en París, al respecto comenta que se comunicó con mujeres muy valiosas, madres que no perdieron sus fuerzas y que le permitieron a ella misma continuar en pie en momentos de mucho dolor y angustia. Recuerda que cuando las percibía débiles y desesperanzadas para animarlas y darles una inyección de energía positiva, les enviaba mensajes y fotos de manifestaciones que realizaban con pancartas que mostraban rostros de sus hijos. De esa manera les mostraba que en Europa habían personas apoyándolas y por tanto no estaban solas. Patricia Montes, madrina, residente en París, señala que las lágrimas y el dolor de las madres de jóvenes presos políticos en democracia la llenaban de emoción, le recordaban el sufrimiento de su propia madre cuando buscaba a su hermano preso de la dictadura de Pinochet, razón que sumada a las amenazas y persecución, la familia se ve obligada a salir de Chile. –Los padrinos y madrinas entramos en las vidas de un grupo de familias chilenas, conocimos sus problemas y a través de ellas nos reencontramos con Chile – opina Adrián Verdugo, chileno, residente en Francia por reunificación familiar, a partir del exilio de su esposa sobreviviente de varios centros carcelarios clandestinos (1975) .
La voz de los familiares y organizaciones colaboradoras
Al paso de los meses y años, ahijados, familias, padrinos y madrinas, logran consolidar importantes lazos de confianza mutua; un pilar que les brinda apoyo moral, aliento y contención en momentos de extrema incertidumbre y dolor; una pesadilla de las peores vividas – dicen las madres de los jóvenes- reconociendo que sus problemas no terminan con la obtención de libertad, ya sea por juicios abreviados, condenas nocturnas, arrestos domiciliarios e indultos. A mediados de 2023, la mayoría salió de las cárceles, enfrentándose a nuevas problemáticas que responden tanto a las condiciones precautorias legales y procesos de reinserción social. Han comenzando todo de nuevo, pero con muchas dificultades. Tratándose de jóvenes, mayoritariamente de 18 a 28 años, muchos perdieron sus estudios, sus trabajos, sus pololas, sus novias. Desde las cárceles, regresaron destruidos a sus hogares, no han logrado aliviar sus angustias, depresión ni sobreponerse a su experiencia carcelaria y a vivencias de intentos de suicidios, prácticas de autolesiones, huelgas de hambre, ayunos e incluso fracturas sin tratar y perdigones que aún permanecen en sus cuerpos. Varios se han vuelto tóxicos dependientes. Suma y sigue, aquellos que estaban con medidas domiciliarias, han regresado a cumplir sus condenas en recintos penitenciarios y o bien bajo libertad vigilada con una orden de reportarse cada quince días.
Deyvi Jara Olivares, 20 años, fue condenado en junio de 2022 a doce años de cárcel en Antofagasta, tenía 18 años cuando lo detuvieron acusado de arrojar un objeto incendiario a un carabinero y desorden público. En esta ciudad, al igual que en Concepción, una buena parte de los detenidos eran menores de edad. Héctor Maturana, ex preso político de la dictadura cívico militar, integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, informa que en dicha ciudad, un total de 25 jóvenes fueron apadrinados por el colectivo internacional. Refiriéndose a las acciones conjuntas más relevantes destaca una reunión virtual con sus ahijados en la cárcel, una conferencia de prensa, contratación de un abogado defensor y por parte de las madres un gran despliegue de protestas, colectas y ollas comunes.
– Los padrinos y madrinas han sido para nosotras un pilar, un soporte, siempre han estado disponibles y abiertos a responder nuestras llamadas– dice Cecilia González, ciudadana argentina, mamá de El Flaco, artista, malabarista, preso en la cárcel, 19 años, a la fecha de su detención (enero 2020). Según una acusación basada exclusivamente en versiones policiales, su hijo fue condenado a tres años por desorden público y lanzar bombas incendiarias. Había salido de Argentina, cumpliendo su sueño de conocer los países de América Latina, estaba en las cercanías de la Plaza Dignidad cuando un piquete de carabineros se bajó de tres camionetas, golpeando brutalmente a sus amigos al tratar de retenerlo.
María Soledad Quezada, mamá de Tomás González, 20 años, preso en la cárcel, condenado a tres años y un día por acusaciones de lanzar una molotov cuenta que gracias al apoyo de los padrinos y madrinas logró asumir un rol proactivo, dedicándose a organizar rifas y colectas destinadas a financiar ollas comunes para salir adelante con otras familias afectadas. Tomás, se dedicaba al motocross hasta que un accidente en una competencia interrumpió su carrera deportiva por lo que decidió concentrar sus energías como dirigente estudiantil, cargo que le permite adentrarse en pormenores de la mercantilización de la educación y la salud, realidad que se suma a la injusticia que marca a su familia de por vida: es primo de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado por la espalda en 2008 en la región de la Araucanía. Julio González Cosme, padre de Tomás, en medio del proceso constituyente participativo liderado por la Convención Constitucional (julio 2021 – septiembre 2022) adhirió a una Iniciativa de Norma por la Libertad y Amnistía, firmada por 49 familiares que buscaban reparar los abusos cometidos con aquellos injustamente procesados o detenidos; los luchadores sociales que abrieron la discusión de cambios profundos en el país.
Gemita Donoso, integrante de la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Politicxs (OFAPP) madre de Maximiliano Moreno, artista callejero y activista ambiental, 25 años, a la fecha de su detención (noviembre 2019) condenado a tres años y un día bajo arresto domiciliario y libertad vigilada, opina que este problema se ha invisibilizado porque el sistema los considera delincuentes y terroristas y por ello día a día se ven expuestos al riesgo de caer nuevamente a las garras de la prisión por amenazas y presión social. Las sentencias consideran su regreso a la cárcel en caso de tres faltas. Maximiliano, quien tiene perdigones en su cuerpo y han detectado presencia de plomo en su sangre, fue acusado de incendiar una comisaría con porte de bomba molotov. Pretendían condenarlo a más de diez años, pero finalmente sus abogados lograron poner al descubierto el montaje de la prueba acusatoria. Gemita, se declara anarquista de manera natural y como no espera soluciones externas convirtió su casa en una sede de acogida para jóvenes que se sienten metidos en un callejón oscuro. No hay día alguno que no lleguen adolescentes embarazadas, expulsados de sus hogares por su condición sexual, cesantes, quienes trabajan y estudian por las noches, jóvenes que se drogan con pasta base y en definitiva las tribus urbanas y sus rasgos identitarios de subculturas y respuestas alternativas expresadas con tatuajes en el cuerpo, piercing en orejas, nariz y rostro, extraños cortes y o colores de pelo fosforescentes.
La revuelta social, llamada también Estallido Social y o Levantamiento Popular, sacó a la luz el descontento social, la expresión del mundo sumergido bajo la cruda realidad de desigualdad social y económica; los resultados del modelo económico neoliberal, concentración del poder, falta de oportunidades y cambios al interior de la sociedad chilena en los últimos 50 años, lo que nadie quería ver. –Hasta que la dignidad se haga una costumbre– fue la consigna que recorrió las calles entre los meses de octubre de 2019 y marzo de 2020. Según datos oficiales, en este período fueron detenidas un total de 11.300 personas y de ellas 2.500 quedaron encarceladas. En octubre de ese año, el Ministerio Público informó que había formalizado a 5.084 personas, de las cuales 648 se mantenían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas por desórdenes, robo o daño a la propiedad. En 2021, un total de 53 personas permanecían aún en condición de prisión preventiva en las cárceles y siete cumplían condena. A fines de diciembre de 2022, tras los trece indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, Monique Valentino, madrina francesa, compartió su alegría con los familiares y su ahijado beneficiado con dicha medida administrativa. Ella se unió al colectivo por una solidaridad indispensable para enfrentar la represión ejercida contra un pueblo que salió a las calles con sus demandas, hecho que la remontó al colapso y desastre que dejó el golpe de Estado de septiembre de 1973 – un golpe fascista a la inmensa esperanza nacional e internacional que levantó la elección y el gobierno del presidente Salvador Allende, dice. Aún no logra entender los abusos cometidos por las fuerzas policiales a personas que protestan en las calles. ¿Son o no presos políticos? es una discusión pública que no se ha cerrado en Chile. – Todos los presos políticos de la revuelta deben reconocerse como tales porque fueron detenidos en un contexto de protestas, asistimos nuevamente a un Chile que viola este derecho humano, comenta Luis, padrino chileno, miembro de la Asociación de ex Presos Políticos Chilenos (Aexppch-France). Respecto de las estadísticas cuantitativas opina que las autoridades de gobierno y fiscalías no han dado a conocer una relación de casos, causas, condenas y lugares de detención, confirmando una ausencia de tratamiento y abordaje especial.
Claudio Venturelli, chileno, residente en Ginebra, colaborador del Comité Memoria y Justicia, Chile, Suiza y América Latina, concibe el accionar del Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Social en Chile similar a una suerte de red de unidad humana centrada en las personas y focalizada en la solidaridad y agrega que a su llegada a Ginebra, a partir de su propia experiencia, conoció el sentido amplio de la palabra solidaridad y tanto es así que las personas que se sumaron a esta causa de los jóvenes presos son las mismas que lo ayudaron a él a su llegada y después se unieron a los comités por Chile que apoyaron a familiares de víctimas de la represión ejercida a partir del golpe de Estado de 1973. Gemita, Soledad y Cecilia, mamás de tres jóvenes presos de la revuelta, identifican la labor del colectivo como una suerte de pequeña Vicaría de la Solidaridad virtual en un país donde reina el virus del individualismo, olvido y negacionismo. Madrinas, padrinos, ahijados y familiares demandan amnistía e indultos generales mientras continúan su accionar en los territorios para reunir fondos que les permitan financiar defensas legales y montos de fianza por cambios de medidas cautelares. Esta experiencia de organización da cuenta del surgimiento de una nueva comunidad ciudadana de incidencia pública y vocerías centradas en la promoción y defensa de derechos humanos; una respuesta frente a la emergencia política y urgencia humanitaria en el Chile de la revuelta social, un Chile convertido en un Estado policial y persecutor que no se veía desde los años de la dictadura cívica -militar.
Myriam Carmen Pinto – julio 2023 ( Biografías Colectivas -libro en preparación)