A 50 años del golpe de Estado, la memoria de la represión y resistencia política reconoce 1.132 Sitios de Memorias que contempla lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se padecieron o resistieron y memoriales de homenajes a las víctimas. De este total, 46 están protegidos bajo la ley de Monumentos Nacionales, categoría Monumento Histórico y de ellos no más de 20 son gestionados por organizaciones, agrupaciones y colectivos que reúnen a ex presos políticos, familiares y militantes del movimiento de derechos humanos, quienes los han convertido en parques por la paz y la justicia, lugares de acción comunitaria, centros de documentación, archivos y rescate de relatos testimoniales y aulas abiertas en derechos humanos, siguiendo una pedagogía de la memoria orientada a la reflexión y conciencia colectiva que permitan un reconocimiento público, reparación simbólica, romper silencios, llegar a las nuevas generaciones para repensar y testimoniar lo sucedido y en definitiva la concreción de una memoria viva y proactiva como pilar fundamental de la cultura y patrimonio intangible de respeto a los derechos de las personas, la dignidad humana, el valor de la vida, la democracia y la paz social.
Patrimonio Cultural y de Derechos Humanos
Estadísticas de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia contabilizan 40 mil 175 víctimas de la prisión política y tortura, incluyendo 3.065 detenidos desaparecidos y ejecutados, de acuerdo a la información que se desprende de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos (Comisión Verdad y Reconciliación, 1990-1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2003-2005), documentos que recogen testimonios e identifican campos de concentración, centros de detención públicos y clandestinos de interrogatorios, tortura y exterminio que funcionaron hasta los últimos días del régimen militar. Entre los centros de detención masiva destacan: Estadio Nacional y Estadio Víctor Jara (Chile), campamentos de concentración instalados en 3 y 4 Álamos, Isla Dawson, Chacabuco, Pisagua y los centros de veraneos populares de los balnearios Puchuncaví, Ritoque y sector norte de Rocas de Santo Domingo. A ello se agregan los recintos clandestinos: Londres 38 (cuartel Yucatán), Villa Grimaldi (cuartel Terranova), Casa José Domingo Cañas (cuartel Ollagüe), Clínica Santa Lucía, Colonia Dignidad, Nido 20 (casa de una familia que salió al exilio) y dependencias e instalaciones propias de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, por ejemplo, comisarías, tenencias, retenes, bases aéreas y navales, buques, cárceles, cuarteles de investigaciones, regimientos y academias de guerra, medias lunas y oficinas en las que se ejercen además labores de inteligencia y contrainteligencia. Esta ruta de la memoria distingue también plazas, calles y puentes donde se realizaron ejecuciones, entre ellos, el antiguo puente colgante sobre el río Pilmaiquén de Osorno y el puente El Ala de Ñuble, fosas de cementerios donde se ocultaron cuerpos de ejecutados, y lugares de resistencia política y donde se defendieron los derechos humanos a través de prácticas legales de denuncia, registro de declaraciones y testimonios en procesos de búsqueda, por ejemplo, la sede y archivos de la Vicaría de la Solidaridad y Comité Pro Paz; sede y archivos de la Fundación Social de Iglesias Cristianas (FASIC) y entre los memoriales los monumentos dedicados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos instalados al interior de cementerios de Santiago, regiones y localidades rurales, agregando el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, el lugar donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Víctor Jara y Litre Quiroga, entonces director de Gendarmería, la casa presidencial Tomás Moro y la Villa Compañero Ministro Carlos Cortés (San Luis de Las Condes), cuyo proyecto propone abrir un museo emblemático de las políticas de vivienda e integración social durante el gobierno de la Unidad Popular y desalojo y traslado de 112 familias en camiones de basura a la periferia de la capital en 1978.
Se trata de las huellas del andamiaje articulado de la represión y de la resistencia que se ha logrado rescatar, gracias al esfuerzo de los sobrevivientes, familiares de víctimas, comunidades y el movimiento de derechos humanos. Proponiéndose resguardar los inmuebles e instalaciones, las agrupaciones de derechos humanos recurrieron a la Ley de Patrimonio Nacional para otorgarles protección frente a los intentos de muchos de borrar su historia y memoria. Esta protección partió en 1996 en el sitio de los Hornos de Lonquén, donde en 1978 fueron encontrados los restos de quince campesinos hasta entonces detenidos desaparecidos. En marzo de 1980, el propietario de este predio dinamitó dichos hornos, pensando que pondría fin al peregrinaje de parientes y amigos de las víctimas. Muchas instalaciones han sido demolidas para ocultar su pasado o bien se han destinado a funciones de oficinas públicas y o traspasado a dueños particulares, incluso cambiando su numeración para obstaculizar las investigaciones judiciales. Villa Grimaldi operó entre 1974 y 1978, contabilizando más de 4 mil prisioneros políticos, 229 de ellos ejecutados y o detenidos desaparecidos. Antes del golpe de Estado era una propiedad particular que pasó a manos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), luego a la Central Nacional de Informaciones (CNI) y finalmente a una empresa inmobiliaria de propiedad de uno de los directores de la CNI, quien tras demoler las dependencias proyectaba levantar un conjunto habitacional. En 1994 fue expropiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tras la campaña «Abramos la Villa Grimaldi”, impulsada por sobrevivientes, familiares, amigos y vecinos que se organizan en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Peñalolén-La Reina (APDDHH), que agrupa a comités de Derechos Humanos, Juntas de vecinos, agrupaciones territoriales y comunidades de base de las iglesias y parroquias de la comuna de Peñalolen. Administrado por la Corporación por la Paz Villa Grimaldi se convirtió en un museo, centro de documentación y centro de educación en derechos humanos, resguardado por la Ley de Monumentos, categoría Monumento Histórico.
La Casa Memoria Domingo Cañas 1367 también se recuperó después de muchos esfuerzos desplegados por familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos. El inmueble de propiedad de un brasileño fue cedido al comienzo de la dictadura a la embajada de Panamá para otorgar refugio a 375 perseguidos políticos chilenos y extranjeros. Una vez desocupada, en agosto de 1974, los oficiales de inteligencia de la DINA habilitaron en dicho inmueble un centro clandestino de secuestro y torturas, un recinto de transito de prisioneros entre Villa Grimaldi y Londres 38. En este lugar se cuentan 62 desaparecidos, y una ejecutada política. Entre otros centros de detención secreta destaca la Casa Simón Bolívar 8630, lugar de exterminio por donde pasaron cerca 80 militantes del Partido Comunista, incluyendo tres de sus directivas en la clandestinidad. La casa donde funcionó la Clínica Santa Lucía (162) como centro de tortura, centro de documentación y logística médica también está bajo declaratoria de protección al igual que el centro de detención conocido con el nombre de «Venda Sexy» o «La Discoteque» (Irán 3037).
Alrededor de seis mil personas (hombres y mujeres) estuvieron entre los años 1974 y 1977 en el campo de concentración 3 y 4 Álamos que mantenía presos políticos en libre plática y un centro de tortura, a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), donde fueron vistos por última vez 40 detenidos desaparecidos. La casa de administración, patio de visitas y tres pabellones de este inmueble está bajo la protección del Consejo de Monumentos Nacionales. Shaira Sepúlveda, miembro del directorio de la Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos, organización que reúne a ex presos políticos, familiares y vecinos de este ex centro de detención explica que los Sitios de Memoria son todos aquellos lugares que resultan significativos para una comunidad y aquellos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se resistió la violencia, además de los memoriales de homenajes y agrega que se acogieron a la ley de Monumentos Nacionales frente a la amenaza de ventas del edificio, aunque no han conseguido recuperarlo porque en las mismas celdas que se usaron durante el régimen militar funciona una cárcel de menores. Shaira tenía 27 años cuando estuvo en 3 y 4 Álamos, sobreviviendo a Villa Grimaldi, Domingo Cañas y un centro secreto instalado en San Juan de Pirque.
El edificio del centro de detención 3 y 4 Álamos inicialmente perteneció a una congregación religiosa que lo traspasó al Estado con el fin de brindar amparo a niños sin hogar. Otro inmueble de origen similar corresponde al Sitio de Memoria Providencia de Antofagasta, dependencias ocupadas entre 1973 y 1990 por distintas secciones de inteligencia policial de Carabineros (Sicar, Dicar, Di polcar y OS-7) y durante trece años como un centro clandestino regional de detención (1973 y 1986), administrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI). Se estima que pasaron más de 200 presos políticos, siguiendo una línea de coordinación con el campo de prisioneros de Chacabuco. Este Sitio de Memoria fue protegido por la ley de Monumentos en 2016 y entregado en mayo de 2023 a la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia. Héctor Maturana, ex preso político e integrante de dicha organización, relata que en medio del proceso de traspaso se registran disputas y negociaciones que se desarrollan al interior de una Mesa Técnica y que durante ese período Carabineros instaló una escuela de suboficiales en el edificio con el afán de frenar su traspaso a la organización de derechos humanos y que al concretarse en mayo de 2023 abandonan el lugar que constituye una columna vertebral de recuperación de la memoria histórica y política de la represión ejercida en Antofagasta.
Centros de veraneo popular: campos de prisioneros
De los 16 centros de veraneo abiertos en diversos balnearios durante el gobierno del presidente Salvador Allende, tres de ellos – Ritoque, Puchuncaví y sector norte de Rocas de Santo Domingo- fueron convertidos entre 1973 y 1976 en campos de prisioneros, centros de tortura, tormentos y dolor. Administrados por el ejército y o la marina se reconocen Sitios de Memoria no solo porque forman parte de la historia de la represión y de la resistencia política sino también porque constituyen un testimonio del programa de gobierno de la Unidad Popular, más específicamente de la medida número 29 referida al derecho al descanso de los trabajadores obreros. El destino del resto de estos centros vacacionales sirvió para uso de vacaciones del personal de las fuerzas armadas, servicios de inteligencia y o traspasados a privados, quienes los lotearon y vendieron. Durante la Unidad Popular, período de su apogeo, estaban a cargo de sindicatos de importantes fábricas e industrias y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a disposición de residencias estudiantiles y reuniones vecinales.
En junio de 2023, la Fundación por la Memoria de San Antonio recibió en comodato el lugar del centro de veraneo donde se habilitó el campo de prisioneros que funcionó en el balneario Rocas de Santo Domingo. Su proyecto busca transformarlo en una Escuela de Derechos Humanos y parque de la memoria; un espacio considerado muy emblemático porque representa la cuna de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) dirigida por el general Manuel Contreras, cuyos agentes impartían cursos y talleres de entrenamiento en prácticas de interrogatorios, represión y tortura, además de conformar un anexo del centro clandestino que operó en el Campo de Concentración Tejas Verdes y Regimiento N° 2 – Escuela de Ingenieros Militares de San Antonio. Desde 2018, el campamento Melinka-Puchuncaví también está protegido por la ley de Monumentos Nacionales. Rodrigo del Villar, presidente de Corporación Memoria y Cultura de Puchuncaví, comenta que lograron a pulso y con mucho esfuerzo abrir en dichas dependencias un museo de Sitio, pese a los robos de materiales e incluso destrucción de una de las cabañas históricas que habían logrado recuperar. Entre 1973 y 1976, pasaron por este centro de detención alrededor de tres mil prisioneros a cargo de la marina. Rodrigo del Villar estuvo preso en 1975 y 1976, después de Villa Grimaldi, 4 Álamos y 3 Álamos, y luego de su expulsión del país se refugió en Suecia hasta su retorno a Chile en1991.
La memoria como reconocimiento público no solo asocia espacios de ocupación y expropiaciones donde se registran detenciones, ejecuciones, torturas, violencia física y psicológica a quienes el régimen militar consideraban enemigos de guerra sino también rescata experiencias de resistencia política y resiliencia individual y colectiva expresadas en acciones solidarias, educativas, recursos culturales artísticos y artesanales. En Puchuncaví tuvo lugar la primera huelga de hambre de cinco días (agosto de 1975) en la que participaron 96 presos políticos para denunciar el montaje comunicacional de los servicios de seguridad, a propósito de las informaciones publicadas en Argentina y Brasil que daban cuenta de la muerte de 119 chilenos en el extranjero como resultado de enfrentamientos entre ellos mismos y con las fuerzas policiales o bien que habían huido del país. Años después se impuso la verdad, se trataba precisamente de una gigantesca operación triangulada por organismos de seguridad destinada a encubrir muertes y desapariciones forzadas de prisioneros políticos chilenos que permanecieron en varios centros de reclusión clandestina. Muchos sostienen que esta operación buscó ampliar los efectos de represión y terror, considerando la numerología: 11 de septiembre- 11-del mes nueve. Otra historia dice relación con una mujer del pueblo que dio a luz en este campamento a su hija Blanca, Francisca, Melinka, auxiliada por los doctores Francisco Viel y Renato Alvarado, ambos presos políticos. Inspirado en esta historia, Sergio Vesely, también prisionero en dicho campamento, compuso la canción «El rey negro», dedicada a la bebe, cuya trama abordada en un documental relata su búsqueda y encuentro con la madre y su hija en uno de sus viajes desde Alemania, país donde reside con su esposa y cinco hijos alemanes.
La memoria como pilar de garantía de no repetición
La memoria histórica y política se ha mantenido viva gracias a la incansable lucha de la comunidad y el movimiento de derechos humanos para un Nunca más. El Estadio Nacional funcionó como campo de concentración entre septiembre y noviembre de 1973, donde se calculan pasaron 20.000 personas. Informes de la Cruz Roja Internacional dan cuenta de siete mil detenidos solo en un día, además de 200 a 300 extranjeros de distintas nacionalidades. La Red Sitios de la Memoria reúne a 27 agrupaciones y colectivos de derechos humanos que abogan por una legislación que regule políticas públicas orientadas a institucionalizar los Sitios de Memoria, vincular su gestión a los procesos de verdad, justicia, reparación y otorgar financiamientos para su recuperación, protección y gestión contra el olvido y negacionismo. Marcelo Acevedo, coordinador de esta red, presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional, militante del movimiento derechos humanos, hijo de la memoria ( 45 años) dice que desde 2017 descansa en el Parlamento un proyecto de ley y afirma que la protección bajo la categoría de Monumento Histórico que otorga la Ley de Monumentos Nacionales no es suficiente para los desafíos que plantea una gestión de la memoria histórica y política.
La memoria histórica y de la resistencia es un proceso abierto y permanente construcción y reconstrucción, más aún si se toma en cuenta que hay casos pendientes del propio pasado. Más allá de la Red de Sitios de Memoria, se cuentan muchas organizaciones abocadas a reunir nuevas narraciones e información para recuperar sus historias, verdades individuales, colectivas y territoriales. La Comisión Chilena de Derechos Humanos El Litoral, junto a la Casa de Cultura Municipal Camilo Mori, se ha propuesto reunir testimonios y documentación para que la Casa de Ejercicios de Punta de Tralca, comuna El Quisco, se integre a esta ruta de la Memoria, valorando la protección a perseguidos y cobertura a sectores proscritos por el régimen, dándole cabida a importantes reuniones clandestinas con participación de dirigentes del Movimiento Democrático Popular (MDP) y la propia rearticulación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el marco de las protestas de 1983-1984. Guillermo Zabala (75 años), delegado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos Litoral, afirma que este lugar sitúa a partidos políticos de izquierda en el escenario de discusión pública por el fin de la dictadura cívico militar y a la iglesia defensora de los derechos humanos, presidida por el cardenal Raúl Silva Henríquez. Durante el período de las protestas de 1983-1984, la represión arroja 71 muertos, más de 800 heridos (lesionados y balas) y alrededor de cinco mil detenidos.
A 50 años del Golpe de Estado aún no está del todo reconstruida la memoria histórica y política por lo que resulta complejo dimensionar sus alcances y efectos de la persecución a los opositores por anhelar un Chile más justo y o haber sido parte o simpatizar con el gobierno del presidente Salvador Allende y o parte del movimiento de resistencia. Una investigación realizada en 1991 por un equipo de trabajo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) menciona que según consta en certificaciones de defunción del Registro Civil e Identificación, Instituto Médico Legal e Inscripciones de sepultaciones del Cementerio General de Santiago, entre el 11 de septiembre y 31 de diciembre de 1973, se registran 25.714 personas muertas por heridas de bala, las cuales fallecieron en recintos hospitalarios, recintos de las fuerzas armadas, carabineros y o centros de detención, además de la vía pública, ríos, puentes, playas, desembocaduras, canales, fundos, asentamientos y sitios eriazos. Otra dimensión está asociada a las consecuencias y efectos de aquellos que partieron al exilio, los que retornaron, quienes decidieron quedarse en los países de acogida, los exonerados de universidades y reparticiones públicas, los relegados, los sobrevivientes de este pasado traumático y doloroso al interior de las familias y sociedad bajo un terrorismo de Estado, sumando a todo ello los efectos de la violencia económica y nueva cultura que se impone en el alma de Chile a partir de un modelo económico neoliberal en marcha desde 1975 hasta los días del presente.
Myriam Carmen Pinto. Biografías colectivas, libro en preparación – agosto 2023